El trabajo infantil es un componente que está muy presente en la producción agrícola, una de las industrias de exportación más importantes de México. No está claro el número de niños que participan, pero podría ser cercano a los 100 mil.
“Necesitamos hacer un mayor esfuerzo para erradicarlo. Estamos hablando de condiciones laborales que son inaceptables y, por ello, daremos apoyos valiosos para atender este problema”, dice la subsecretaria de Trabajo de EU, Julie Su.
La funcionaria destacó la voluntad del Gobierno mexicano para resolver el trabajo infantil y forzado. Subrayó que ha habido avances relevantes, entre ellos la disposición de la Secretaría del Trabajo de presentar informes detallados de la situación. La funcionaria de la administración Biden sostuvo reuniones con Roberto Velasco, director general de América del Norte de la Cancillería, y con Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo.
En una reunión con tres periodistas, en un hotel cercano a la Embajada estadounidense, Julie Su destacó la voluntad del gobierno estadounidense de apoyar con recursos y capacitación técnica a México. Hasta el momento ha apoyado con 139 millones de dólares y habrá 28 millones más.
No todo son apoyos, la funcionaria también fue clara respecto a las opciones que tiene Estados Unidos, en caso de que el trabajo infantil persista: “se puede impedir la entrada a Estados Unidos de productos que hayan sido elaborados con mano de obra infantil… El T MEC es el acuerdo comercial más ambicioso que hayamos firmado en asuntos laborales. Estamos convencidos de que una de las formas de medir el éxito de nuestra relación comercial es por el éxito en la promoción y protección de los derechos de los trabajadores en ambos lados de la frontera”.
La subsecretaria del Trabajo reconoció que el Gobierno de Estados Unidos puede hacer más en la protección de los trabajadores mexicanos en territorio estadounidense, “se trata de atender los factores que los hacen más vulnerables: ayudarlos a que conozcan sus derechos; que entiendan el papel de los reclutadores y la responsabilidad de los patrones”. En una conversación que duró un poco más de media hora explicó que su trayectoria profesional incluye más de una década en la defensa de trabajadores, muchos de los cuales han sido migrantes, “muchos no saben que las leyes laborales de Estados Unidos aplican siempre, sin contar la condición migratoria del trabajador”.
La gira de la funcionaria continuará hoy martes con una serie de reuniones dedicadas a conocer los avances en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Este es un compromiso que está plasmado en el capítulo 23 del T-MEC. El miércoles viajará a San Luis Potosí para tener una visión más clara de la situación en una localidad.
Además de la funcionaria, participaron en la conversación Pedro Antonio Furtado de Oliveira, director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México, y Louis Vanegas, director senior de Social Accountability International. Esta organización estará a cargo de un proyecto financiado con 5 millones de dólares por Estados Unidos. El proyecto fortalecerá para “fortalecer la capacidad de los productores de tomate y chile para cumplir con las leyes laborales mexicanas”.
